La CGT criticó con dureza este martes la decisión del gobierno de cerrar Vialidad Nacional en el marco del acelerado desguace del Estado sobre el fin del plazo de la delegación de facultades extraordinarias que le confirió el Congreso de la Nación al mandatario libertario por medio de la denominada Ley Bases.
La central de trabajadores denunció el despido de miles de trabajadores y cuestionó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que se fusionaron con otras áreas y perdieron la jerarquía de organismos descentralizados.
El cierre de estos organismos y su “abandono derivará en más accidentes y peligro para millones de personas que transitan día a día” las rutas nacionales.
Califica la medida como “un ataque directo al modelo de país federal que defendemos” y advirtió que su implementación “deja en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.
Esta decisión “es un ataque directo al modelo de país federal que defendemos. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo”, insistió la CGT y advirtió que esta medida “no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día”.
“Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas”.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”.
“Nos desfinanciaron desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes. Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”
